Presupuesto Nacional y Estado Laico

Nuestro país es normativamente un Estado Laico desde la Constitución de 1979, entendiéndose que apuesta por una forma de organización del Estado que permita garantizar la autonomía de lo político frente a lo religioso, basando sus políticas en derechos humanos y no en mandatos religiosos.  En un Estado laico, las autoridades responden a los intereses de la población y no a los de las iglesias y de sus jerarquías. Según el artículo 50° de nuestra Constitución se define el régimen de independencia y autonomía del Estado, y es reforzado por reiterada jurisprudencia del Tribunal Constitucional .

 

La laicidad se vincula con los derechos a la igualdad y no discriminación y con las libertades de conciencia y de religión, también contemplados en nuestro texto constitucional . Asimismo, es importante señalar el reconocimiento de los derechos de quienes profesan confesiones distintas a la católica señalada a través de la Ley de Libertad Religiosa , que desarrolla los derechos a la libertad de religión e igualdad, y el principio de cooperación del Estado con las diversas confesiones religiosas, que cuentan con reconocimiento constitucional.

Política y presupuesto sin injerencia religiosa

A pesar de lo que se estipula normativamente en nuestro texto constitucional, en la práctica el Estado peruano continúa vinculado a la Iglesia católica a través del Concordato suscrito con la Santa Sede mediante Decreto Ley N° 23211 el 19 de Julio de 1980, durante el Gobierno del General EP Morales Bermúdez; a la luz de los tiempos actuales, resulta inaceptable  en nombre de las libertades y de un país diverso e intercultural que este concordato se mantenga vigente.

Mediante este Concordato, el Estado peruano otorga subvenciones para las personas y servicios de la Iglesia Católica, así como exoneraciones y beneficios tributarios permanentes, que se pueden dividir en dos grandes rubros, los directos e indirectos. El primero con¬siste en los desembolsos que hace el Ejecutivo, a través del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, en favor de esa institución cada mes, y el segundo, se refiere a los múltiples beneficios tributarios y donaciones que reciben.

La financiación directa viene de dos fuentes legales, el Concordato  y las propias leyes peruanas vi¬gentes. Se trata de asignaciones que no tienen carácter de sueldo ni de salario, por lo que no constituyen renta. Ade¬más de personal eclesiástico, hay una serie de cargos que no tienen que ver con la Iglesia, cuyos sueldos son paga¬dos por todas y todos los peruanos. La pla¬nilla eclesiástica incluye a tres archi¬veros, siete guardianes, seis pilotos de lancha  y doce monaguillos, entre otros cargos.

Son en total 1,030 personas en 54 cargos, que representan un total de S/.150,604.55 que el Estado paga cada mes, es decir, S/.1’808 mil so¬les anuales, que salen de los impuestos de todas y todos los ciudadanos. De igual manera se financian 10 becas “Cardenal Juan Landázuri Ric¬ketts”, de S/.450 mensuales cada una, que ascienden a un total de S/.54, 600 anuales que también son pagados por las y los contribuyentes, asimismo pagamos las pensiones de jubilación vitalicias de todos los obispos y arzobispos, por un monto hasta ahora desconocido; cabe resaltar que ninguna de estas remuneraciones está afecta a impuestos.

Respecto de la financiación indirecta, los montos antes mencionados son irrisorios, ya que del total de exoneración de impuestos  a la Iglesia católica no paga IGV, ni Impuesto Selectivo al Consumo; tampoco paga impuesto predial por sus templos y monasterios, ni impuesto vehicular, ni alcabala, ni arbitrios por sus innu¬merables propiedades, ni aranceles de aduana e IGV por donaciones. Ade¬más, no pagan por las prórrogas de permanencia de religiosos extranjeros en el Perú, ni tributo alguno por pa¬sajes internacionales, ni por Licencia de funcionamiento, ni de construcción.

Por tanto desde Católicas por el Derecho a Decidir – Perú hacemos un llamado a la fiscalización de la inversión  del erario nacional,  que en lugar de destinarlo para contribuir con la iglesia católica, se debería enfatizar en la inversión para la reducción de las brechas de género existentes en nuestro país, ya que son las mujeres las principales afectadas por la injerencia de los discursos fundamentalista de la jerarquía de la iglesia católica.

Dicha brecha se refleja, en las cifras proporcionadas en The Global Gender Gap Report 2013  que ubica al Perú en el lugar 80 de 136 países respecto de países que promueve la equidad de género,  y  el puesto 109 en el ámbito de salud respecto de la promoción de salud de las mujeres, lo que da cuenta de la necesidad de invertir en demandas que mejoren la calidad de vida de la población. Asimismo, el reporte indica que la tasa de desempleo de mujeres adultas equivale al 10% del total de la población, que existe un 76% de trabajadoras informales,  que  sólo el 18% de mujeres tiene una cuenta en una institución financiera formal y  que  únicamente el 4% de mujeres tienen opción de escalar a posiciones de liderazgo dentro de una organización.

En base a estas alarmantes cifras y ya que el Congreso está a portas de aprobar el  Presupuesto del próximo año fiscal, ¿no es oportuno preguntarse cuánto ha previsto que seguirá "pagando" el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos a la Iglesia Católica por concepto del "concordato" Perú-Santa Sede? ¿Cuánto del presupuesto público se dejará de destinar para la promoción y garantía de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres? ¿Cuánto invertiremos por mejorar efectivamente la calidad de vida de hombres y mujeres?

Finalmente como ciudadanas y católicas, tenemos presente que un principio es promover la justicia y la equidad. Por lo cual exhortamos y exigimos a nuestras/os congresistas a debatir el tema con argumentos técnicos y alejados de creencias religiosas, en el marco de  un Estado democrático y laico que respeta la pluralidad y laicidad, los que deberían verse reflejado en el presupuesto nacional que sea más equitativo, dirigido a las poblaciones y necesidades reales de la gente, en el marco de garantía de derechos.