Condenamos las acciones de represión policial que el gobierno de facto autorizó en contra de la sociedad civil organizada que se movilizó a nivel nacional.
Este gobierno y su gabinete es responsable del asesinato de dos jóvenes, de un centenar de heridos, de decenas de personas desaparecidas y una denuncia por violencia sexual.
Exigimos una investigación inmediata y sanción para todos los responsables penales y políticos.
Condenamos la violencia que el gobierno del Sr. Merino ha ejercido contra instituciones que cautelan los derechos de la población. Existe evidencia comprobada de ataques y/o detenciones arbitrarias a personal de la Defensoría del Pueblo, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, la brigada médica, entre otras organizaciones de la sociedad civil.
Hacemos un llamado al Congreso de la República y al Tribunal Constitucional para encaminar de manera inmediata el restablecimiento de la democracia. El país no puede seguir en zozobra.
La sociedad civil organizada seguirá vigilante y movilizada ante cualquier decisión que ponga en riesgo el Estado de derecho y los derechos fundamentales de la población.
¡Ni olvido, ni perdón! Exigimos justicia y reparación.
15 de noviembre de 2015.