Tercera Reunión de la Conferencia Regional sobre Población y Desarrollo en América Latina y el Caribe

La Red Latinoamericana y del Caribe de Católicas por el Derecho a Decidir participó en la Tercera Reunión de la Conferencia Regional sobre Población y Desarrollo en América Latina y el Caribe, celebrada en la ciudad de Lima, Perú. Nuestro trabajo, al igual que el de las otras organizaciones de la sociedad civil está guiado por el Consenso de Montevideo, documento que incluye más de 120 medidas sobre ocho temas prioritarios entre ellos: los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres como una pieza fundamental para lograr el desarrollo sostenible.

 

DECLARACIÓN DEL FORO SOCIAL IIICRPyD LIMA – AGOSTO DE 2018

Este lunes nos reunimos 250 personas, de más de 100 redes, organizaciones y colectivos en el foro regional de sociedad civil, para trabajar en conjunto las prioridades de nuestra región, y estoy aquí antes ustedes para compartir los resultados de nuestro análisis sobre la situación actual que se está viviendo en nuestros países y sobre el informe presentado en esta 3ra Conferencia Regional de Población y Desarrollo.

En este espacio, el Consenso de Montevideo es el corazón y nuestros trabajos giran en torno a él. El Consenso establece los temas que nos convocan, así como nos marca el rol crucial de la sociedad civil y las redes regionales para lograr una implementación efectiva. El Consenso de Montevideo sigue siendo la agenda más progresista del mundo, porque además de ser muy completa e integral, reconoce de forma total que la igualdad de género, los derechos sexuales y los derechos reproductivos son condición fundamental para lograr el desarrollo sostenible.

Sin embargo, en el informe regional no se están resaltando y recuperando estos avances, hace caso omiso a los desafíos reales que siguen sin reconocerse ni atenderse en nuestros países. Se aleja del espíritu del Consenso de Montevideo y muestra que no se está recopilando la información necesaria para hacer políticas efectivas, necesitamos que la información se genere y se desagregue por sexo, orientación sexual, identidad de género, edad, etnia, raza, estado migratorio, discapacidad, condición de salud y localización geográfica, entre otras que se consideren pertinentes.

El Informe pone en evidencia que los países de la región tienen un largo camino por recorrer en la implementación de la agenda de población y desarrollo, y que se requiere de una firme decisión política para poner en marcha políticas con presupuestos suficientes y adecuados, de manera que sea posible profundizar los avances y evitar estancamientos o retrocesos.

Desde su aprobación hace cinco años hemos testificado el creciente deterioro de las democracias presidencialistas, las crisis de los partidos políticos y la institucionalidad en la gran mayoría de los países de la región. La distribución inequitativa de la riqueza, la exclusión y marginalización de amplios sectores de la población, están llevando la violencia y la corrupción a nuevas dimensiones y territorios que nos dejan en un constante estado de inseguridad, con altos índices de violaciones a los derechos humanos y crisis humanitarias no reconocidas por los gobiernos. Se han profundizado las desigualdades étnico/raciales, culturales y generacionales que se suman a la desigualdad de género, agravando sus efectos y alejándonos del desarrollo sostenible.

Recordemos en qué región vivimos, en estos años hemos experimentado demasiadas desilusiones. De México a Argentina, pasando por Centroamérica, los feminicidios y los crímenes de odio basados en homo/lesbo/transfobia se han incrementado, los Acuerdos de Paz en Colombia no avanzaron hacia la superación de la guerra, continúa el éxodo venezolano por la crisis económica y política, las graves violaciones de Derechos Humanos, tienen hoy su rostro más impune en Nicaragua, con decenas de personas asesinadas, desaparecidas y perseguidas por el gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Se han ido naturalizando en la región, ataques de todo tipo a líderes sociales y asesinatos de defensoras de derechos humanos y territorios; que se acentúa cuando persiste impunidad y complicidad entre Estado y sector privado.

Nuestra región, la más desigual del mundo, es también racista y excluyente. Las mujeres negras, las indígenas, las discapacitadas y las migrantes, siguen esperando turno para el reconocimiento de sus derechos. Mientras que las trabajadores sexuales, las lesbianas, las mujeres con VIH y las jóvenes, están en lucha permanente por la concreción y ejercicio de derechos en la vida cotidiana.

La corrupción se traduce en dinero público para bolsillos privados, en lugar de en políticas de atención a todas las personas. Los retrocesos persisten en materia de inclusión y acceso universal a los servicios básicos de salud, educación, trabajo, protección social. No se han logrado avances para erradicar la transmisión perinatal del VIH, continúa el desabasto de reactivos para la detección oportuna y de tratamiento para la atención de VIH, Tuberculosis y Malaria. La discriminación y el estigma continúan vigentes, en detrimento de los derechos humanos de las personas con VIH.

El Consenso de Montevideo reconoce que el Estado laico es condición indispensable para la garantía de derechos. Señalamos hoy la vigencia de exigir la separación entre Estado e iglesias para evitar obstáculos adicionales al gran reto que de por sí tienen los estados para proveer servicios de salud sexual y salud reproductiva, para garantizar el acceso a la amplia gama de opciones de anticoncepción, incluyendo la anticoncepción de emergencia. Para prevenir el embarazo en adolescentes garantizando la autonomía progresiva y las opciones de desarrollo para las personas adolescentes y jóvenes; y para fomentar la educación laica y de calidad, que cuestione las relaciones desiguales de poder basadas en el género, y que incluya programas de Educación Integral en Sexualidad.

La presencia de grupos fundamentalistas, ha logrado confundir a las personas encargadas de implementar los múltiples compromisos que se han firmado, con campañas construidas con base en mentiras para desestimar el trabajo arduo de más de 50 años de feminismo para la construcción de políticas con perspectiva de género, buscan reinstalar Estados confesionales, cuya única acción política está basada en una oposición manifiesta al avance de las garantías estatales respecto a los Derechos Humanos. Con posturas tan extremas como las que patologizan a las personas LGBTIQ, niegan el alto índice de feminicidios en América Latina y promueven el odio, legitimando la discriminación y la violencia.

Desde la sociedad estamos comprometidas y trabajando para el cumplimiento efectivo de los objetivos y metas del Consenso de Montevideo, para ello es necesaria -en los países que aún no existen- la conformación a corto plazo de mecanismos nacionales de seguimiento de su cumplimiento, con participación activa de organizaciones de la sociedad civil comprometidas con sus objetivos y contenido.

Se ha dicho que la revolución feminista, la más importante del siglo, es silenciosa, es cierto. No está teñida por el ruido de las armas, pero tiene el contingente histórico más preparado de todos los siglos: millones de mujeres de todas las edades y en toda su diversidad, y hoy más que nunca jóvenes, se saben dueñas -titulares- de sus derechos. Son la resistencia y representan el cambio. De ahí que se hayan exacerbado las furias de un rezagado patriarcado que se niega a perder privilegios en favor de una sociedad igualitaria. Como si prohibir palabras o impedir leyes pudiera revertir los cambios.

Vamos a resistir y defender nuestros avances. Los movimientos de mujeres y feministas, vamos a continuar vigilando y denunciando las violaciones de derechos por los que los gobiernos tienen que responder. Las feministas estamos aquí, empujando nuestros derechos y siguiendo la “Marea verde” por todo el continente, este 8 de Agosto ¡el aborto será ley en Argentina! y de ahí seguirá el avance en cascada en toda la región.