Cuando ser madre es una imposición y no querer serlo, un delito

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Indira Huilca continúa en la lucha junto a las organizaciones como “Todas somos Mariana” y “Déjala decidir” para evitar más muertes causadas por abortos clandestinos en el Perú.

 

Para una niña violada, ser madre es una imposición injusta. Y, sin embargo, según la legislación actual, no querer serlo es un delito. Si una menor se atreve a abortar clandestinamente, no solo debe lidiar con consecuencias físicas sino también con el riesgo de morir en el intento. Si elige acudir a un hospital para realizase un legrado (porque decide, por ejemplo, no ser madre del nieto de tu padre) puede que la encarcelen por dos años. Muchas optan por suicidarse por éstas y otras razones. Este es círculo de la violencia es al que todos los días se enfrentan las mujeres peruanas. 

Frente a este panorama desolador, varias organizaciones como “Todas somos Mariana”“Católicas por el derecho a decidir” y “Déjala decidir” se mantienen a la espera del próximo debate sobre la despenalización del aborto en tres causales: violación, inseminación artificial o transferencia de óvulos no consentida y malformaciones incompatibles con la vida en el Pleno del Congreso de la República. El anteproyecto de Ley plantea modificar los artículos 119 y el 120 del Código Penal, los mismos que sancionan la interrupción del embarazo por esta causal con hasta dos años de pena privativa de la libertad. Éste ya está en manos de los miembros de la Comisión de Justicia.

La congresista del Frente Amplio (FA) Indira Huilca, promotora de este texto legislativo, ha tomado nota de las cifras de embarazo infantil forzado que son una realidad demoledora en nuestro país. Las estadísticas revelan que al menos 11781 niñas entre 9 y 14 años fueron madres entre 2011 y 2016 a consecuencia de una violación sexual, según el Instituto Nacional de Estadísticas e Informática (INEI). Mientras, el Ministerio de la Mujer (MIMP) refiere que el 34% de las niñas violentadas que se atendieron en los Centros de Emergencia de la Mujer (CEM), quedaron embarazadas. 

 

Todavía estamos esperando que sea agendado. Me imagino que será visto en la siguiente legislatura. Frente a estas cifras nosotros continuamos con la campaña 'Todas somos Mariana' que se realiza todos los años para sensibilizar a la población sobre el tema del aborto en caso de violación. Es un tema sensible y controversial pero dada la coyuntura de violencia sexual contra las mujeres y adolescentes que terminan teniendo un embarazo por obligación, hemos decidido fortalecer este proyecto. Muchas niñas se suicidan cuando saben que están embarazadas, por factores psicológicos, sociales y económicos. No saben qué van a hacer. Se sienten condenadas llevar una maternidad que no eligieron”, comenta Indira Huilca a LaMula.pe.

El 71% de las víctimas de violación son menores de edad, el 38% de este total ocurrieron en los domicilios y el 35% de los agresores son personas cercanas o conocidas por las agredidas, según Católicas por el derecho a decidir.  La violencia sexual es un problema de salud pública y una vulneración a los derechos humanos. Es por ello que desde hace dos años, la legisladora junto a la sociedad civil viene desarrollando diversas campañas de sensibilización a favor del derecho a decidir sobre la maternidad. 

El objetivo de la despenalización del aborto es evitar un nuevo hecho de violencia contra la víctima: esta vez por parte del Estado que incurriría no solo en la omisión de protección a la mujer frente al primer hecho, sino en la imposición de una situación que reproduce y aumenta el sufrimiento producto de la violación. El embarazo en este caso, es el recuerdo permanente de la violencia, al que se suma la culpa y el estigma social.

Las últimas cifras del Ministerio de Salud (Minsa) nos recuerdan cuán abandonado está este tema. En el año 2012, el aborto (29%) fue la segunda causa de muerte materna en adolescentes, mientras que el suicidio fue la principal causa indirecta (56%), con tendencia al incremento, reveló Católicas por el derecho a decidir. Además, el 41% de los casos de violación sexual contra menores de edad terminó siendo archivado y un 20% del total, con sentencias absolutorias. A esto se suma el hecho de que muchas veces los agresores no siguen las terapias psicológicas estipuladas por el juez para reinsertarse en la sociedad.

 

“Lo que podemos evidenciar es que las mujeres no pueden acceder al debido servicio de salud. Si una mujer en nuestro país tuviera la posibilidad de un embarazo terapéutico, el caso de KL nunca hubiera ocurrido porque si en el centro de salud te informan sobre la existencia del aborto terapéutico, una mujer no correría riesgos. Por otro lado, hay agresores y víctimas que no pueden defenderse o sienten miedo para denunciar una agresión porque desde pequeños no han tenido una educación sexual integral. Acceder a este tipo de derechos me parece que es fundamental”, sugiere Indira.

En el Perú hay muchas voces que hablan sobre la violencia contra las mujeres y hay pocas opciones que tienen las mujeres para enfrentar la violencia de este tipo y poder decidir si quieren continuar con el embarazo que no desearon, que no planificaron, que no fue producto de un descuido, sino por una violación. ¿Cómo continuar con su vida después de haber sido agredidas sexualmente? En el caso del aborto terapéutico, puede realizarse hasta los 12 semanas de gestación, como lo estipula el Código Penal.

La adecuada regulación en cuanto al aborto en casos de violación, según este proyecto de ley estará complementada con políticas de educación sexual para prevenir embarazos no deseados entre adolescentes. Mientras que en otros países los menores de edad tienen acceso libre a la educación sexual, en nuestro país, las estadísticas avisan que ellos son los que más padecen por falta de información sobre planificación familiar desde la niñez.

 

Publicado por el portal web LaMula.pe