El Estado que no protege, mata

PRONUNCIAMIENTO

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Católicas por el Derecho a Decidir – Perú expresa su indignación frente a la aprobación de la Comisión de Constitución y Reglamento del informe minoritario de la congresista de Fuerza Popular, Úrsula Letona, el cual retira los términos de identidad de género y orientación sexual como agravantes para sancionar delitos “bajo móviles de intolerancia o discriminación”; a pesar de que solo entre 2005 y 2016 se han registrado 157 homicidios de personas LGTBI[1].

Sostenemos que el Decreto Legislativo 1323 es el único medio legal que permite, según la Defensoría del Pueblo: “1) superar los problemas de interpretación de los operadores jurídicos sobre los crímenes de odio; y 2) brindar una mejor protección a los derechos fundamentales de las personas afectadas por conducta de violencia y discriminación”[2]. Consideramos, por lo tanto, que eliminar esta ley convertiría al Congreso de la República en responsable directo de las muertes y agresiones que cada semana acaban con la vida de una persona LTGBI en nuestro país.

Rechazamos que la Presidencia de la Comisión de Constitución y Reglamento no haya permitido la presentación y discusión de la carta enviada por el Defensor del Pueblo durante la sesión de revisión del Decreto Legislativo 1323. La carta recomendaba a la Comisión “la ratificación de los términos de orientación sexual e identidad de género en el Código Penal”, siguiendo “las recomendaciones internacionales realizadas por los diversos Comités de las Naciones Unidas”[3]. Cabe señalar que la Corte Interamericana de Derechos Humanos también ha señalado que “la omisión de normas y de políticas públicas en favor de la población LGTBI constituyen afectaciones a su plan de vida, que no tienen sustento constitucional y que, por tanto, deben ser superadas desde el Estado”[4].

Advertimos que el informe minoritario de la congresista Úrsula Letona no es más que el inicio de una estrategia política de grupos anti derechos para retroceder en los mínimos avances normativos que declaran y garantizan la igualdad entre mujeres y hombres, y la no discriminación a las personas por ningún motivo.

Rechazamos la homofobia y los discursos de odio que desnaturalizan la libertad religiosa al estigmatizar, agredir, discriminar o denigrar a ciudadanas/os, en este caso específico, a la población LGTBI. En ese sentido, exigimos a nuestras/os congresistas respetar el principio de laicidad, y no excusar sus intereses personales o posturas de fe a través del derecho a la libertad religiosa, puesto que su representación es hacia la ciudadanía y no hacia sus iglesias.

Finalmente, como ciudadanas y mujeres de fe instamos a los congresistas de todas las bancadas a seguir las recomendaciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Defensoría del Pueblo, y dejar sin efecto el informe minoritario aprobado por la Comisión de Constitución y Reglamento, puesto que una eventual derogación a los términos de orientación sexual e identidad de género, eliminaría la mínima protección legal que existe hacia la vida y los derechos humanos de la población LGTBI.

Un Estado que no protege la vida de su población, es cómplice de su muerte.

#YoApoyoDL1323

Lima, 5 de abril de 2017

 


[1] Observatorio de Derechos LGTBI y VIH/Sida.

[2] Oficio N°060-2017-DP

[3] Oficio N°060-2017-DP

[4] Informe de Adjuntía Nº 003-2014-DP/ADHPD – Defensoría del Pueblo.