“Hacemos responsable al Estado, de los feminicidios, la violencia sexual, el acoso político, la discriminación y la impunidad”

“Hacemos responsable al Estado, de los feminicidios, la violencia sexual, el acoso político, la discriminación y la impunidad”

Organizaciones feministas manifiestan que reportarán al Estado peruano ante el Comité de Naciones Unidas para la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), por los retrocesos y amenazas al derecho y la política de igualdad de género y contra la violencia de género, promovidos desde el Congreso y otros poderes de Estado, así por la injerencia de grupos religiosos, afectando el principio de un Estado laico.

“No todo es el mundial, Sr. Presidente. En los próximos 45 días de fútbol las mujeres seguirán muriendo sin que usted haga algo. De sus 11 medidas propuestas apenas se menciona el género una vez. Así no acabamos con la violencia de género. Lo hacemos responsable, al Estado y a usted Presidente, de los feminicidios, la violencia sexual, el acoso político, la discriminación y la impunidad”, señaló María Ysabel Cedano, directora de Demus.

Cuestionan que el presidente Martín Vizcarra anuncie la creación de una ‘Comisión de Emergencia’ para enfrentar la violencia hacia las mujeres; debilitando la existencia de Ley 30364 contra la violencia hacia las mujeres e integrantes del grupo familiar, la rectoría del Ministerio de la Mujer, el Plan nacional contra la violencia de género, la Comisión Multisectorial de Alto Nivel (CMAN) y el Grupo de Trabajo Nacional.

“La violencia contra las mujeres es un asunto histórico que no se resuelve con comisiones improvisadas como la Comisión de Emergencia que propone el Ejecutivo, sino con seriedad. Demandamos presupuesto, la “Lucha contra la Violencia Familiar” representa apenas el 0.12% del presupuesto nacional, exigimos que se fortalezca el Ministerio de la Mujer, la Comisión de Alto Nivel, demandamos calidad de atención, alto a la impunidad, educación con enfoque de género y políticas de prevención que rompan la base de la violencia contra las mujeres”, Liz Meléndez, directora de Flora Tristán.

“Reclamamos que se expresen mandatos claros para que se afronte la violencia de manera seria y no respondiendo solo a coyunturas. Hay inseguridad en las mujeres en el ámbito público y privado. Además, las mujeres estamos subrepresentadas en los espacios de participación política y no hay sanción para el acoso político. Tenemos que avanzar hacia la alternancia y la paridad”, señaló Lisbeth Guillén del Movimiento Manuela Ramos y la campaña Somos la mitad, queremos paridad, sin acoso.

IGUALDAD DE GÉNERO 
Las organizaciones denunciaron permanentes amenazas al derecho a la igualdad de género y la resistencia del Presidente de la República a hablar de enfoque de género y la erradicación del machismo. Señalaron que el Ejecutivo no ha aprobado el nuevo Plan de igualdad de género y en el Congreso se insiste en la derogatoria del Decreto Legislativo 1323, que sanciona los crímenes de odio y la discriminación por orientación sexual e identidad de género, se promueven proyectos de ley y hay una demanda judicial para eliminar el enfoque de género en el Currículo escolar.

“Sentimos una fragilidad en la institucionalidad y políticas públicas que tiene que ver con la igualdad de género y la igualdad de los derechos de las mujeres. Hace 7 años que participamos en la Mesa de Trabajo del Ministerio de la Mujer y no hemos logrado que se visibilicen las diversas violencias de las lesbianas. Estamos indignadas y el Presidente nos va a tener otra vez en las calles si no toma decisiones en políticas públicas para las mujeres y los LGTBIQ”, sostuvo Marivel Saldaña de la Articulación de Lesbianas Feministas.

“El acceso al trabajo es un problema grave para nosotras. El proyecto de ley sigue dormido en el Congreso sin que podamos ejercer nuestro derecho a la identidad, en cambio, nos siguen estigmatizando”, señala la activista trans del colectivo Féminas, Isabella Fernández.

Asimismo, se denunció persecución y criminalización a activistas feministas en las redes sociales y utilizando a las instancias judiciales.

“Todavía seguimos en un espacio de vulnerabilidad. Exigimos que las activistas que participan en espacios de representación dejen de ser criminalizadas, algunas son denunciadas por difamación como una manera de detener sus denuncias”, señala Connie Campos de Ni una menos somos todas.

Las organizaciones denunciaron que el Estado peruano ha retrasado convenientemente el examen al que cada cuatro años se somete ante el Comité CEDAW. El año pasado debió enviar su reporte con los avances en materia de no discriminación; sin embargo no cumplió; por lo que se retrasa la evaluación hasta el 2019.

En el último examen que rindió el Estado en el año 2014, el Comité CEDAW observó con preocupación la permanencia de estereotipos de género en la implementación de políticas para abordar la violencia contra las mujeres, así como en los procesos de delitos de violación sexual, además de evidenciar la impunidad en casos como: esterilizaciones forzadas, violencia sexual durante el conflicto armado interno, feminicidio y aborto terapéutico.

EL DATO

El Estado peruano suscribió la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la Mujer (CEDAW) desde 1981, fue ratificada y vinculante desde 1982 y obliga a dar cuenta de su cumplimiento.