DESPENALIZACIÓN DEL ABORTO POR CAUSAL DE VIOLENCIA SEXUAL: ¿Hasta cuándo la confesionalidad va a influir en la garantía de nuestros derechos?

64% de la población limeña votaría por candidatos que propongan la despenalización del aborto por causal de violación sexual; 81%, está en desacuerdo que una mujer víctima de violación que decide interrumpir su embarazo sea castigada con pena de cárcel[1]

 

En el Perú, la problemática de la despenalización del aborto es una demanda social que encuentra su principal oponente en la injerencia de las dinámicas eclesiales y discursos pastorales rígidos e inflexibles respecto a la sexualidad y el rol de los gobiernos respecto a la garantía de estos derechos.

Los discursos pastorales sobre la sexualidad

Los discursos pastorales sobre el tema de la despenalización del aborto en sus diversas causales han apuntado- principalmente- al rol de las mujeres y su papel en la sociedad: la maternidad y el sacrificio.

Estos discursos se entraman también en el desarrollo del discurso jurídico y la gestión de las políticas públicas, siendo las consecuencias más notables: la desinformación generalizada, las limitaciones en el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos, así como la falta de garantía de los mismos desde el Estado. Veamos algunos casos[1]: Desde el primer Código Penal republicano de 1863 hasta el actual de 1991, se ha mantenido casi invariable el tratamiento legal sobre el aborto, siendo la causal terapéutica la única permitida, a pesar de las restricciones para su implementación.

En el año 1989, se presentó un proyecto que mantenía la despenalización del aborto terapéutico y la ampliaba a las causales de violación sexual e inseminación artificial no consentida. “Sin embargo, el entonces presidente Alan García, ante los pedidos de altas jerarquías de la Iglesia católica y de los representantes de las sociedades médicas, resolvió no promulgarlo y lo devolvió al Congreso…”[2]

Dos años más tarde, en el proceso constitucional de 1993, se estableció en el artículo 2 la siguiente fórmula: “El concebido es sujeto de derecho en todo cuanto le favorece”, lo cual configuró una novedad frente al hecho de esclarecer que la subjetividad de derecho se ampliaba desde el momento de la concepción. Esta incorporación definitivamente afectó las futuras demandas en favor de la salud reproductiva y sexual de las mujeres.

Durante el 2002 sucede el caso de K. L., adolescente a quien se le había obligado a continuar con el embarazo de un feto anencefálico, pese a que ello colocaba en riesgo su salud mental y su salud física. Dicho caso fue llevado al Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, el cual determinó en octubre de 2005, que el Estado Peruano había violado los derechos humanos de esta adolescente, y que por tanto tenía el deber de indemnizarla y adoptar medidas para evitar más violaciones de derechos contra las mujeres, mediante la reglamentación o un protocolo de aborto terapéutico. Cabe resaltar que meses antes, en el mes mayo del 2005 el Hospital San Bartolomé había aprobado su Protocolo de manejo de casos para la interrupción legal del embarazo.

Otro caso se dio en febrero del 2007, cuando la Dirección del Instituto Materno Perinatal (Maternidad de Lima), emitió la Resolución Directoral N°031-DG-INMP-07, la cual aprobaba el protocolo denominado Manejo integral de la interrupción terapéutica de la gestación menor de 22 semanas en el Instituto Nacional Materno Perinatal. Después de ello y en medio de las opiniones e intervenciones en contra de dicho protocolo, el MINSA anuló la directiva emitida, esgrimiendo razones administrativas.

En la actualidad contamos con el Proyecto de ley que despenaliza el aborto para embarazos a consecuencia de una violación sexual, inseminación artificial o transferencia de óvulos no consentida, el cual fue archivado en la Comisión de Justicia y Derechos Humanos tras un debate parcial y con argumentos desde la fe y la moral. Y ahora espera su debate en la Comisión de Constitución y Reglamento.

 

La sociedad civil frente a la despenalización del aborto por causal de violencia sexual  

Se han visto avances significativos en la sociedad civil sobre la aceptación al proyecto de ley de despenalización del aborto a consecuencia de una violación sexual.

Actualmente, 54% de la población peruana está a favor de la despenalización del aborto por causal de violencia sexual; mientras que 81% de las y los limeños está en desacuerdo que una mujer víctima de violación que decide interrumpir su embarazo sea castigada con pena de cárcel.[3] La misma encuesta detalla que 64% de la población limeña votaría por candidatos que propongan la despenalización por dicha causal.

Así mismo en una investigación realizada sólo a personas católicas se encontró que 63,6% de la población considera que no es correcto que las autoridades gobiernen según sus creencias religiosas. En la misma investigación se releva que 53,2% de la población considera que la decisión de abortar recae finalmente en la mujer. Del mismo modo, alrededor del 80% (entre católicos y cristianos) considera que la mujer que ha pasado por una situación de aborto puede seguir practicando su religión, y es considerada como una buena persona y madre.[4]

 

Reflexiones finales

Desde Católicas por el derecho a Decidir – Perú convocamos a las y los congresistas a que tomen conciencia sobre su rol como legisladores/as y la necesidad ética de separar las dinámicas eclesiásticas de los procesos legislativos, para así garantizar todos los derechos y libertades de las personas sin ningún tipo de discriminación, donde prime el respeto a la dignidad de la persona humana.

Así mismo, les instamos a que el debate sobre el proyecto de ley referido tome en cuenta las graves repercusiones en la salud pública del país generadas por la penalización del aborto en casos de violación sexual; sobre todo considerando que:

  • Perú ocupa un deshonroso primer lugar en violaciones sexuales en Sudamérica con 22.40%. 
  • Las cifras indican que 4 de cada 5 casos de violaciones sexuales se dan en menores de edad, además que 9 de cada 10 embarazos de niñas menores de 15 años se debieron a incesto.
  • Asimismo, 34 de cada 100 niñas entre 10 y 19 años de edad quedó embarazada producto de una violación.
  • Cada año se recibe un promedio de 8,000 denuncias por violación. Sólo el 5% de los casos son denunciados.

Lima, setiembre de 2015

 

 


[1] CDD-Perú (2015) Laicidad y políticas públicas: influencia de los discursos pastorales en la protección y garantía de los derechos sexuales y reproductivos. Lima: CDD-Perú.

[2] DADOR, María (2010) Aborto. En: MOTTA, Angélica (Editora). "Perú: políticas en sexualidad". Lima: CLAM/PEG

[3] Datum Internacional, setiembre 2015. Extraído de http://www.datum.com.pe/pdf/PUL0915V.pdf

[4] CDD- Perú (2013) Religión, sexualidad y política: explorando saberes y actitudes. Lima: CDD-Perú.

 

 

 


[1] Datum Internacional, setiembre 2015. Extraído de http://goo.gl/4GlEKj