Acecho. Una campaña desde el Congreso, impulsada por el legislador Julio Rosas para fiscalizar a Promsex, Inppares y otras, utiliza S/. 2.5 millones para contratar a 150 nuevos trabajadores en la APCI. Esta es la historia detrás de cámaras de los lobbies políticos y acosos legales alrededor de la lucha por la despenalización del aborto por violación.
Laura Grados
Utero.Pe
La tarde del 14 de agosto pasado, cuatro altos funcionarios de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI) llegaron hasta las instalaciones de Promsex, en el corazón del distrito de Miraflores. Por esos días, en la ONG que defiende los derechos sexuales se vivía un ambiente de tensión permanente. Un mes antes, en julio de este año, se había dado inicio a lo que ellos consideran “un ataque mediático en su contra”.
La reunión se desarrolló en torno a lo que se había conversado al interior de la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso: fiscalizar las cuentas de las organizaciones que reciben dinero de la cooperación internacional, con mención especial a aquellas vinculadas a temas de los derechos reproductivos de la mujer.
Los agentes de la APCI llevaban consigo una notificación dirigida a Susana Chávez, directora de Promsex, en la que se le ponía de conocimiento que se estaba dando inicio a una acción de supervisión de oficio al proyecto “Acceso a la atención de salud sexual y reproductiva con enfoque de derechos en el Perú: reduciendo el estigma y fortaleciendo el debate”. Este proyecto es lo que la opinión pública conoció como la campaña “Déjala Decidir”.
Los funcionarios alegaron que el requerimiento de esta información era consecuencia de presiones desde el Congreso.
Dos millones y medio
El 24 de junio, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) destinó a la APCI S/. 2.5 millones para la fiscalización de las ONG. Así aparece en una publicación en El Peruano, en donde se autoriza este monto. Según pudo saber utero.pe, APCI ha contratado alrededor de 150 funcionarios para esta función fiscalizadora.
Si bien el dinero fue transferido antes de que sesione la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso, fue durante la primera reunión de este grupo de trabajo, en la que participó el legislador Julio Rosas como accesitario, en donde se decidió fiscalizar, principalmente, a las ONG enfocadas en aspectos relacionados con los derechos reproductivos de la mujer. Una semana antes, en una sesión de coordinación de temas en la comisión, la congresista Lourdes Alcorta ya había propuesto la fiscalización.
En la primera sesión oficial de la Comisión de RREE, del 18 de agosto pasado, se citó a la directora de APCI, Rosa Lucila Herrera. Hacia ella dirigió Rosas la ametralladora de preguntas sobre el financiamiento y específicamente detalles del trabajo que realizaban las ONG como Promsex o Católicas por el Derecho a Decidir.
Ese día, Herrera precisó que el trabajo de su despacho solo consiste en fiscalizar los proyectos de cooperación de las ONG, mas no a la institución en sí misma. “El Congreso estaba presionando después de que saliera lo que publicó un medio nacional, sobre una estadounidense que traficaba con tejidos de fetos. Por eso es que inmediatamente se mandó notificación a Promsex y a Inppares”, nos confió un funcionario de la APCI que prefiere no identificarse.
Consultamos con la directora de APCI al respecto y declaró que, efectivamente, después del mandato del Congreso, se ha priorizado la fiscalización de las ONG dedicadas a temas de derechos reproductivos. Promsex e Inppares, principalmente. De hecho, este lunes ha sido citada ante la Comisión de RREE para entregar información actualizada del trabajo.
Antecedentes
El inicio de este enfrentamiento se remite a setiembre del 2014, cuando se conoció la extraña denuncia de oficio que el Ministerio Público hizo por "Apología al aborto", contra el ex procurador anticorrupción, Julio Arbizu, y la directora de Promsex por su participación en la presentación del libro "Hablemos de aborto y Misoprostol". En ese momento, Arbizu denunció que Rosas se encontraba detrás de esta denuncia, que finalmente fue archivada.
Meses después, el 23 de julio de este año, apareció una retahíla de informaciones a partir de la cual se cuestionó a las organizaciones a favor de "Déjala Decidir". Un reporte de ACI Prensa, la web encargada de difundir noticias vinculadas a temas religiosos, desató lo que ahora explica el accionar de la APCI y la supervisión que de oficio efectuaron sobre Promsex y que contamos al principio de este relato.
“Planned Parenthood invirtió 3 millones de dólares para promover aborto en el Perú”, es el titular de esa fecha en la página web de ACI Prensa. El texto detalla que fueron las ONG Promsex, Católicas por el Derecho a Decidir e Inppares las que recibieron, en conjunto, entre el 2013 y 2015, la cantidad que exhiben en el titular.
Pero si bien ello corresponde a la cooperación internacional y no supondría ningún tipo de problema legal, para los sectores conservadores resulta un escándalo después de que Planned Parenthood Federation of America - PPFA (Sucursal estadounidense de la International Planned Parenhood Foundation IPPF de Londres) haya sido cuestionada por comercializar con los tejidos de fetos abortados.
La noticia la dio a conocer la cadena CNN, en donde reproduce un video publicado por un grupo “antiaborto”, en donde se muestra a la Directora Superior de Servicios Médicos de PPFA, Deborah Nucatola, admitiendo abiertamente el uso del aborto para obtener partes intactas de los cuerpos de los fetos abortados, para vender sus órganos. El vocero de la PPFA, Eric Ferrero, defendió la investigación científica. “Las mujeres y familias que donan tejido fetal para salvar vidas debe ser honrado y no atacado y degradado".