Carta de Principios de la Red Latinoamericana de Católicas por el Derecho a Decidir

Somos un movimiento autónomo de personas católicas y feministas, comprometidas con la búsqueda de justicia social en América Latina y el Caribe, una de las regiones más desiguales del planeta. 

Luchamos por el cambio de los patrones culturales que limitan en nuestras sociedades, la autonomía de las personas, especialmente de las mujeres.

Actuamos a partir del pensamiento teológico feminista  que afirma la justicia social, la plurireligiosidad y la validez moral de las decisiones tomadas por las mujeres.

Afirmamos:

  • El derecho de las mujeres a la autonomía, a decidir sobre su cuerpo y a la vivencia placentera de su sexualidad sin ninguna distinción de clase, raza/etnia, credo, edad, orientación sexual e identidad de género.
  • La autoridad moral de las mujeres para tomar decisiones de acuerdo con su libertad de conciencia, incluso cuando deciden abortar.

Para lograr nuestros objetivos promovemos y defendemos:

  • Los derechos humanos de mujeres y jóvenes, particularmente los derechos sexuales y los derechos reproductivos.
  • Argumentos que sustentan el derecho a decidir desde una perspectiva ética, católica y feminista.
  • La equidad en las relaciones de género, la ciudadanía de las mujeres y jóvenes,  la defensa de los DDHH tanto en la sociedad como en las iglesias.
  • La laicidad en los Estados como garantía imprescindible para el ejercicio de las libertades ciudadanas y los derechos humanos en el marco de la democracia.Acciones que detengan el avance de grupos y organizaciones anti - derechos.
  • El fin a todas las formas de discriminación que generan violencias, especialmente contra las mujeres, jóvenes y LGBTTI.
  • La erradicación de crímenes por misoginia, homofobia y demás expresiones de odio por razones de orientación sexual e identidad de género.
  • El acceso de las mujeres a la justicia, especialmente en los casos de violencia sexual y feminicidios y la denuncia de la impunidad asociada a estos crímenes.
  • El respeto y la defensa de la diversidad, la diferencia y la pluralidad como necesarias para la realización de la libertad, la justicia y la democracia.

Trabajamos:

  • Colectivamente y nos organizamos internamente de forma democrática y participativa.
  • En múltiples alianzas sensibilizando a diversos sectores de la sociedad civil, particularmente a  profesionales de salud, educación, comunicación y a operadores/as de justicia.
  • En acciones de incidencia dirigidas a parlamentarios/as y tomadores/as de decisión, para el diseño e implementación de políticas públicas a favor de los DDHH.

Proponemos:

  • El reconocimiento a las diversas formas de familias y el respeto a los derechos de sus integrantes.
  • La creación de espacios de reflexión ética desde una perspectiva feminista, laica, pluri-religiosa y de derechos humanos,  desarrollando diálogos públicos sobre la sexualidad y la reproducción humana
  • La profundización del debate sobre el aborto ampliando la discusión en sus aspectos éticos, médico-científicos, religiosos y legales.
  • La promoción del debate sobre la dimensión ética en la intervención científica y tecnológica en los procesos vitales de las personas.
  • El reconocimiento de la maternidad libre, voluntaria y segura como un derecho humano.
  • La despenalización y legalización del aborto, afirmando el derecho de las mujeres a servicios de aborto seguro y gratuito.
  • El cumplimiento de los compromisos internacionales de derechos humanos asumidos en las conferencias mundiales, tales como Cairo, Beijing y las convenciones de la CEDAW, Belem do Pará entre otras.
  • La implementación de políticas públicas que garanticen la efectiva vigencia de los derechos humanos y el ejercicio de las libertades democráticas.
  • La elaboración de leyes y la implementación de políticas públicas y programas que aseguren el acceso al aborto legal, seguro y gratuito, educación sexual integral laica, y servicios de calidad en salud sexual y reproductiva sin ningún tipo de discriminación.
  • La separación efectiva entre el Estado y las instituciones religiosas, como garantía de respeto a la laicidad y a una visión plural de la sociedad.
  • La garantía del respeto a la información basada en evidencias científicas, en el marco de los derechos humanos y el reconocimiento de  la legitimidad de las instituciones científicas avaladas internacionalmente.
  • Elaborada en Caxambú en el año 1996. Modificada en Lima en el año 2011.